Publicado en La Vanguardia.
La superintendencia suspende el contrato para exportar crudo a Brasil porque iba a causar pérdidas al Estado.
La Paz. (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, relevó al principal ejecutivo de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, acusado de infringir la nacionalización de los hidrocarburos dictada en mayo pasado, y destituyó de paso a todos los altos cargos que hicieron o secundaron esa acusación.
En presencia de Alvarado, Morales tomó juramento en el palacio de gobierno de La Paz al nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz Banzer, que hasta hoy era vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de la misma empresa.
Antes, el portavoz presidencial, Alex Contreras, leyó una «carta de renuncia» de Alvarado, en la que califica de «falsas» las acusaciones de corrupción formuladas por la oposición y los medios informativos.
Morales nombró al abogado Santiago Berríos Caballero nuevo superintendente de Hidrocarburos, en reemplazo de Víctor Hugo Sáinz, que había presentado la denuncia contra Alvarado y había resistido las presiones del Ejecutivo para que rectificara.
Berríos había sido nombrado antes síndico (fiscalizador) en Andina, empresa mixta en la que tiene la mayoría de las acciones la hispano-argentina Repsol YPF, pero no pudo asumir su cargo por oposición de ésta, según relató el mismo a Efe.
También hay un nuevo viceministro de Exploración y Producción del ministerio de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, asesor de la nacionalización, en reemplazo de Julio Gómez, que había criticado a YPFB y apoyado a la superintendencia.
Fueron destituidos hoy, además, el director jurídico de ese organismo regulador, Ramiro Ergueta, y la directora de análisis económico, Tatiana Genucio, que elaboraron el informe contra Alvarado.
El ex presidente de YPFB fue acusado hace cinco semanas de violar las normas de la nacionalización que dictó Morales el 1 de mayo, al firmar un contrato con una intermediaria para exportar crudo a Brasil, porque la petrolera estatal tiene el monopolio de la comercialización de los hidrocarburos. Además, el contrato se adjudicó sin concurso público y se violaron otras normas de procedimiento, según la superintendencia, el ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría General.
Sin embargo, Morales insistió hoy en que cree en la inocencia de Alvarado, aunque aceptó su renuncia y reconoce que pudo cometer errores, ya que hay en su contra varios dictámenes de «responsabilidad administrativa». Volvió a denunciar una «conspiración» contra la nacionalización y señaló a la oposición como responsable del periodo de incertidumbre registrado durante el último mes. «El compañero Alvarado es incorruptible», dijo el gobernante en presencia del ya ex presidente de YPFB.
La superintendencia del sector suspendió el contrato firmado por Alvarado para exportar crudo a Brasil porque, supuestamente, iba a causar pérdidas al Estado por cerca de 38 millones de dólares.
La denuncia, que aún investiga la Fiscalía de La Paz, fue rechazada por Alvarado a pesar de que el ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría General emitieron informes coincidentes de que vulneró varias normas. Los nuevos funcionarios juraron sus cargos ante Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro del sector, Andrés Soliz Rada, que la semana pasada fue censurado por la mayoría opositora en el Senado.
Con los cambios de hoy, Morales espera zanjar la mayor crisis política de sus primeros siete meses de gobierno, y acallar las críticas que recibe porque su principal bandera, la nacionalización de los hidrocarburos, no ha podido concretarse en aspectos fundamentales.
YPFB no ha podido asumir el monopolio de la comercialización del gas, el petróleo y sus derivados, como manda el decreto del 1 de mayo, por falta de recursos. Además, están a punto de cumplirse cuatro de los seis meses fijados para negociar nuevos contratos con las multinacionales que operan en Bolivia, encabezadas por la brasileña Petrobras y Repsol YPF, pero las conversaciones están en punto muerto.
La petrolera estatal boliviana tampoco ha conseguido recibir nuevos recursos derivados de la nacionalización, ni dominar la mitad más una de las acciones de cinco empresas mixtas privatizadas por anteriores gobiernos y re-nacionalizadas en mayo.
agosto 29, 2006
agosto 28, 2006
El Gobierno reconoce que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos requerirá de 'al menos 20 años'.
Publicado en Terra.es
El Gobierno boliviano reconoce que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos requerirá de 'al menos 20 años' ya que no será fácil reconstruir la estructura operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) antes de su privatización.
De hecho, el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, afirmó que se necesita 'mucho tiempo' para modificar la normativa y establecer el escenario adecuado para ejecutar la nacionalización, decretada el 1 de mayo por el presidente, Evo Morales.
'Se han tomado 10 años en destruir la industria, y el Gobierno lo está construyendo en seis meses. El proceso va a tomar 10, 15 ó 20 años y quien diga en dos años no sabe de que está hablando. Está creando falsas expectativas no sé por qué motivos', indicó Sainz.
En una entrevista a un periódico local, recogida por Europa Press, recordó que pese a contar con la nueva Ley de Hidrocarburos y el decreto de Morales, el marco legal todavía no está claro, motivo por el que las inversiones para este sector se han 'paralizado'.
'AFINAR' LA NORMATIVA
'Ahora los potenciales capitales esperan reglas claras para poder operar (...) El proceso de nacionalización es un arduo camino, que puede tomar muchos años, no sólo seis meses o 180 días', insistió el superintendente de Hidrocarburos.
Además, subrayó que la actual normativa con la que operan las empresas petroleras extranjeras tiene que ser 'afinada y en algunos casos modificadas', para adecuarse a la coyuntura por la que pasa Bolivia con la administración de Evo Morales.
'Si bien existen expectativas por parte de la oposición sobre la nacionalización que encara Morales, en el pasado los representantes de ese sector se encargaron de destruir la industria, proceso que les tomó unos 10 años. Ahora que no vengan a reclamar', añadió.
Por último, reconoció que aunque la nacionalización avanza 'a paso lento' y que los cambios en el sector regulador acaban de empezar, son conscientes de que las normas legales no están aún claras, y que por ello no pueden cumplir con sus objetivos.
El Gobierno boliviano reconoce que el proceso de nacionalización de los hidrocarburos requerirá de 'al menos 20 años' ya que no será fácil reconstruir la estructura operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) antes de su privatización.
De hecho, el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, afirmó que se necesita 'mucho tiempo' para modificar la normativa y establecer el escenario adecuado para ejecutar la nacionalización, decretada el 1 de mayo por el presidente, Evo Morales.
'Se han tomado 10 años en destruir la industria, y el Gobierno lo está construyendo en seis meses. El proceso va a tomar 10, 15 ó 20 años y quien diga en dos años no sabe de que está hablando. Está creando falsas expectativas no sé por qué motivos', indicó Sainz.
En una entrevista a un periódico local, recogida por Europa Press, recordó que pese a contar con la nueva Ley de Hidrocarburos y el decreto de Morales, el marco legal todavía no está claro, motivo por el que las inversiones para este sector se han 'paralizado'.
'AFINAR' LA NORMATIVA
'Ahora los potenciales capitales esperan reglas claras para poder operar (...) El proceso de nacionalización es un arduo camino, que puede tomar muchos años, no sólo seis meses o 180 días', insistió el superintendente de Hidrocarburos.
Además, subrayó que la actual normativa con la que operan las empresas petroleras extranjeras tiene que ser 'afinada y en algunos casos modificadas', para adecuarse a la coyuntura por la que pasa Bolivia con la administración de Evo Morales.
'Si bien existen expectativas por parte de la oposición sobre la nacionalización que encara Morales, en el pasado los representantes de ese sector se encargaron de destruir la industria, proceso que les tomó unos 10 años. Ahora que no vengan a reclamar', añadió.
Por último, reconoció que aunque la nacionalización avanza 'a paso lento' y que los cambios en el sector regulador acaban de empezar, son conscientes de que las normas legales no están aún claras, y que por ello no pueden cumplir con sus objetivos.
agosto 13, 2006
Evo no logra concretar nacionalización
Publicado en La República.
EN ESPERA • A más de cien días de esta medida siguen estancadas las negociaciones con Repsol YPF y Petrobrás • La empresa estatal carece de recursos para ejercer el control de los negocios del sector.
Antonio Martínez. EFE.
A más de cien días de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1º de mayo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, su gobierno no logra concretar varios aspectos fundamentales de aquella medida.
Superados tres de los seis meses que fijó el decreto para firmar nuevos contratos entre el Estado y las multinacionales que quieran seguir en Bolivia, continúan estancadas las negociaciones con la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobrás y otras empresas.
Además, el gobierno reconoció el viernes, en un comunicado, que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) carece de los recursos suficientes para ejercer el control pleno de los negocios del sector, y cumplir así con la nacionalización.
YPFB aún no consigue la mitad más una de las acciones de varias petroleras mixtas privatizadas por anteriores gobiernos y re-nacionalizadas en mayo.
Sobre las negociaciones con las multinacionales, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, en varias de sus muy frecuentes declaraciones públicas de los últimos meses, dijo que para ello son fundamentales unas auditorías que encargaría el gobierno, pero que tampoco están terminadas.
Soliz anunció a mediados de mayo que en “tres meses” estarían listas esas revisiones de las cuentas de nueve petroleras, “para tener los otros tres (meses, del plazo de seis) destinados a la negociación de los contratos”.
“Las auditorías nos van a demostrar si la perforación de pozos ha costado US$ 35 millones”, agregó Soliz, que pone en duda la contabilidad de las multinacionales.
El ministro explicó entonces que esa cifra es excesiva en comparación con las “perforaciones en el mar del Norte o Noruega, (donde) apenas llegan a 15 ó 20 millones”.
Financiamiento
El gobierno de Bolivia gestiona ante el Banco Central un desembolso de US$ 180 millones para que YPFB opere a plenitud en toda la cadena productiva.
EN ESPERA • A más de cien días de esta medida siguen estancadas las negociaciones con Repsol YPF y Petrobrás • La empresa estatal carece de recursos para ejercer el control de los negocios del sector.
Antonio Martínez. EFE.
A más de cien días de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1º de mayo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, su gobierno no logra concretar varios aspectos fundamentales de aquella medida.
Superados tres de los seis meses que fijó el decreto para firmar nuevos contratos entre el Estado y las multinacionales que quieran seguir en Bolivia, continúan estancadas las negociaciones con la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobrás y otras empresas.
Además, el gobierno reconoció el viernes, en un comunicado, que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) carece de los recursos suficientes para ejercer el control pleno de los negocios del sector, y cumplir así con la nacionalización.
YPFB aún no consigue la mitad más una de las acciones de varias petroleras mixtas privatizadas por anteriores gobiernos y re-nacionalizadas en mayo.
Sobre las negociaciones con las multinacionales, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, en varias de sus muy frecuentes declaraciones públicas de los últimos meses, dijo que para ello son fundamentales unas auditorías que encargaría el gobierno, pero que tampoco están terminadas.
Soliz anunció a mediados de mayo que en “tres meses” estarían listas esas revisiones de las cuentas de nueve petroleras, “para tener los otros tres (meses, del plazo de seis) destinados a la negociación de los contratos”.
“Las auditorías nos van a demostrar si la perforación de pozos ha costado US$ 35 millones”, agregó Soliz, que pone en duda la contabilidad de las multinacionales.
El ministro explicó entonces que esa cifra es excesiva en comparación con las “perforaciones en el mar del Norte o Noruega, (donde) apenas llegan a 15 ó 20 millones”.
Financiamiento
El gobierno de Bolivia gestiona ante el Banco Central un desembolso de US$ 180 millones para que YPFB opere a plenitud en toda la cadena productiva.
agosto 12, 2006
La nacionalización tropieza en su principal actor, YPFB
Publicado en La Razón.
El Ejecutivo prepara un proyecto de ley para reorganizar a la estatal. Dice que este proceso queda suspendido temporalmente. Se gestionan 180 millones de dólares ante el Banco Central de Bolivia.
El Gobierno reconoció ayer que desde el 1 de mayo se avanzó poco en la ejecución del decreto de nacionalización, por lo que ahora, tres meses después, elabora un plan para salvar ese proceso.
Según un comunicado enviado ayer por el Ministerio de Hidrocarburos, este plan consiste en la elaboración de un proyecto de ley —que es trabajado de manera conjunta entre esa cartera de Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— para reorganizar a la estatal.
El decreto de nacionalización 27801, aprobada el 1 de mayo pasado, establecía que, en 60 días, se procedería a la reestructuración integral de Yacimientos, “convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”.
Desde todas las atribuciones que le otorga el decreto supremo, Yacimientos sólo asumió el control del mercado mayorista de carburantes —aunque aún no tiene la capacidad operativa— y designó a sus directores en cinco compañías nacionalizadas. También negoció el incremento en el precio del gas que el país vende a Argentina y aumentó la participación para el Estado en hasta 82 por ciento en los campos San Antonio y San Alberto, con lo que generará hasta fin de año alrededor de $us 270 millones.
En cuanto a las otras tareas, como el control de las refinerías, la negociación de los nuevos contratos con las empresas petroleras, la fijación de un nuevo precio para el gas que importa Brasil y la importación y exportación de petróleo, los avances son escasos.
Precisamente, el comunicado del Ministerio de Hidrocarburos señala que, por ahora, la participación de YPFB en toda la cadena productiva del sector “está temporalmente suspendida, debido a la falta de recursos económicos”. Señala que este paso se dará cuando se desembolsen $us 180 millones gestionados ante el Banco Central de Bolivia para que la estatal pueda ejercer las tareas que la nacionalización le otorgó.
Mientras tanto, añade el comunicado, las negociaciones para que las empresas petroleras que operan en el país cambien sus contratos continuarán en el marco de la nacionalización.
Sin embargo, para el cambio de contratos, se requiere previamente las auditorías a los campos petroleros, “con cuyos resultados se podrá establecer la participación definitiva de las empresas en esos contratos”.
En los más de 90 días, después de la nacionalización, el Gobierno tampoco pudo conseguir el 51 por ciento de las acciones de las capitalizadas petroleras: Chaco, Andina y Transredes, para así controlarlas. Sólo logró transferir las acciones de los bolivianos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la petrolera estatal y nombró sus directores y síndicos en esas empresas.
Además, Yacimientos tampoco logró tomar el control de las refinerías de propiedad de Petrobras y de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), porque las negociaciones para comprar el 51 por ciento de acciones aún no prosperan.
En medio de todo este proceso, surgió un conflicto entre Yacimientos y la Superintendencia de Hidrocarburos por un contrato que la estatal suscribió con una intermediaria y que el organismo regulador observó. El comunicado del Ministerio de Hidrocarburos dice que la próxima semana se entregará el informe de auditoría interna y que éste será remitido a la Contraloría.
El precio del gas, en veremos
Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) resolvieron ayer extender el plazo inicial de negociaciones sobre el pedido de revisión de precios del contrato de compra-venta de gas (GSA) por 60 días más.
La decisión fue adoptada ayer tras la reunión sostenida entre los ejecutivos de YPFB y Petrobras en el marco del cronograma de encuentros para fijar el nuevo precio del gas boliviano.
Según un comunicado entregado por Petrobras a los medios de comunicación, “el nuevo plazo permitirá a Petrobras y YPFB profundizar, en forma conjunta, los esfuerzos en busca de soluciones mutuamente aceptables para el tema en discusión”.
La próxima reunión entre los representantes de ambas empresas está marcada para el 14 de septiembre, en Bolivia.
El jueves, el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, admitió que las negociaciones con YPFB iban a tomar más tiempo de lo proyectado inicialmente.
El Ejecutivo prepara un proyecto de ley para reorganizar a la estatal. Dice que este proceso queda suspendido temporalmente. Se gestionan 180 millones de dólares ante el Banco Central de Bolivia.
El Gobierno reconoció ayer que desde el 1 de mayo se avanzó poco en la ejecución del decreto de nacionalización, por lo que ahora, tres meses después, elabora un plan para salvar ese proceso.
Según un comunicado enviado ayer por el Ministerio de Hidrocarburos, este plan consiste en la elaboración de un proyecto de ley —que es trabajado de manera conjunta entre esa cartera de Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— para reorganizar a la estatal.
El decreto de nacionalización 27801, aprobada el 1 de mayo pasado, establecía que, en 60 días, se procedería a la reestructuración integral de Yacimientos, “convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”.
Desde todas las atribuciones que le otorga el decreto supremo, Yacimientos sólo asumió el control del mercado mayorista de carburantes —aunque aún no tiene la capacidad operativa— y designó a sus directores en cinco compañías nacionalizadas. También negoció el incremento en el precio del gas que el país vende a Argentina y aumentó la participación para el Estado en hasta 82 por ciento en los campos San Antonio y San Alberto, con lo que generará hasta fin de año alrededor de $us 270 millones.
En cuanto a las otras tareas, como el control de las refinerías, la negociación de los nuevos contratos con las empresas petroleras, la fijación de un nuevo precio para el gas que importa Brasil y la importación y exportación de petróleo, los avances son escasos.
Precisamente, el comunicado del Ministerio de Hidrocarburos señala que, por ahora, la participación de YPFB en toda la cadena productiva del sector “está temporalmente suspendida, debido a la falta de recursos económicos”. Señala que este paso se dará cuando se desembolsen $us 180 millones gestionados ante el Banco Central de Bolivia para que la estatal pueda ejercer las tareas que la nacionalización le otorgó.
Mientras tanto, añade el comunicado, las negociaciones para que las empresas petroleras que operan en el país cambien sus contratos continuarán en el marco de la nacionalización.
Sin embargo, para el cambio de contratos, se requiere previamente las auditorías a los campos petroleros, “con cuyos resultados se podrá establecer la participación definitiva de las empresas en esos contratos”.
En los más de 90 días, después de la nacionalización, el Gobierno tampoco pudo conseguir el 51 por ciento de las acciones de las capitalizadas petroleras: Chaco, Andina y Transredes, para así controlarlas. Sólo logró transferir las acciones de los bolivianos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la petrolera estatal y nombró sus directores y síndicos en esas empresas.
Además, Yacimientos tampoco logró tomar el control de las refinerías de propiedad de Petrobras y de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), porque las negociaciones para comprar el 51 por ciento de acciones aún no prosperan.
En medio de todo este proceso, surgió un conflicto entre Yacimientos y la Superintendencia de Hidrocarburos por un contrato que la estatal suscribió con una intermediaria y que el organismo regulador observó. El comunicado del Ministerio de Hidrocarburos dice que la próxima semana se entregará el informe de auditoría interna y que éste será remitido a la Contraloría.
El precio del gas, en veremos
Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) resolvieron ayer extender el plazo inicial de negociaciones sobre el pedido de revisión de precios del contrato de compra-venta de gas (GSA) por 60 días más.
La decisión fue adoptada ayer tras la reunión sostenida entre los ejecutivos de YPFB y Petrobras en el marco del cronograma de encuentros para fijar el nuevo precio del gas boliviano.
Según un comunicado entregado por Petrobras a los medios de comunicación, “el nuevo plazo permitirá a Petrobras y YPFB profundizar, en forma conjunta, los esfuerzos en busca de soluciones mutuamente aceptables para el tema en discusión”.
La próxima reunión entre los representantes de ambas empresas está marcada para el 14 de septiembre, en Bolivia.
El jueves, el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, admitió que las negociaciones con YPFB iban a tomar más tiempo de lo proyectado inicialmente.
agosto 11, 2006
Bolivia admite no tener recursos para ejecutar nacionalización
Publicado en El Mostrador.
Ministerio de Hidrocarburos reconoció que "la plena vigencia de la participación" de YPFB en toda la cadena productiva del sector "está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal".
El Gobierno de Bolivia admitió que la petrolera estatal YPFB carece de los recursos económicos suficientes para ejercer el control pleno del negocio de los hidrocarburos en el país y cumplir así con la nacionalización dictada en mayo pasado.
El Ministerio de Hidrocarburos señaló en un boletín que "la plena vigencia de la participación" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en toda la cadena productiva del sector "está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal".
"Para superar esta limitación se gestiona ante el Banco Central un desembolso de 180 millones de dólares, con los cuales YPFB operará en toda la cadena productiva", indica el comunicado.
Una de las tareas asignadas a YPFB por el decreto de nacionalización y que la firma aún no puede asumir es la gestión de los ingresos del país por la comercialización de los hidrocarburos.
Esa atribución había sido fijada por dos resoluciones ministeriales dictadas el 28 de julio de pasado y dejadas en suspenso por otra emitida cuatro días después, según documentación a la que accedió hoy Efe y que todavía no había sido divulgada.
Los fondos obtenidos por la venta de carburantes debían ser transferidos por las compañías petroleras que comercian los hidrocarburos a una cuenta de YPFB en el Banco Central, en lugar de ir a al Tesoro General de la Nación.
Con esos recursos, YFPB debía distribuir la regalía a las regiones y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, dar a las compañías su porcentaje en el negocio y quedarse con su participación, que es del 32 por ciento.
Entre las compañías extranjeras que comercian carburantes en Bolivia están la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la francesa TotalFinaElf y las filiales de las británicas British Gas y British Petroleum.
La cartera de Hidrocarburos también señaló que junto con YPFB está terminando de elaborar un proyecto de ley para reorganizar la empresa estatal "de modo que pueda aplicar lo dispuesto por el decreto de nacionalización" firmado el 1 de mayo.
En su comunicado, el Ministerio confirmó que continúan las negociaciones para la firma de contratos con las compañías multinacionales que desean operar en el marco de la nacionalización.
Agregó asimismo que prosiguen las auditorías a los campos de gas para determinar la participación definitiva de las empresas en los contratos.
Ministerio de Hidrocarburos reconoció que "la plena vigencia de la participación" de YPFB en toda la cadena productiva del sector "está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal".
El Gobierno de Bolivia admitió que la petrolera estatal YPFB carece de los recursos económicos suficientes para ejercer el control pleno del negocio de los hidrocarburos en el país y cumplir así con la nacionalización dictada en mayo pasado.
El Ministerio de Hidrocarburos señaló en un boletín que "la plena vigencia de la participación" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en toda la cadena productiva del sector "está temporalmente suspendida debido a la falta de recursos económicos de la empresa estatal".
"Para superar esta limitación se gestiona ante el Banco Central un desembolso de 180 millones de dólares, con los cuales YPFB operará en toda la cadena productiva", indica el comunicado.
Una de las tareas asignadas a YPFB por el decreto de nacionalización y que la firma aún no puede asumir es la gestión de los ingresos del país por la comercialización de los hidrocarburos.
Esa atribución había sido fijada por dos resoluciones ministeriales dictadas el 28 de julio de pasado y dejadas en suspenso por otra emitida cuatro días después, según documentación a la que accedió hoy Efe y que todavía no había sido divulgada.
Los fondos obtenidos por la venta de carburantes debían ser transferidos por las compañías petroleras que comercian los hidrocarburos a una cuenta de YPFB en el Banco Central, en lugar de ir a al Tesoro General de la Nación.
Con esos recursos, YFPB debía distribuir la regalía a las regiones y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, dar a las compañías su porcentaje en el negocio y quedarse con su participación, que es del 32 por ciento.
Entre las compañías extranjeras que comercian carburantes en Bolivia están la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la francesa TotalFinaElf y las filiales de las británicas British Gas y British Petroleum.
La cartera de Hidrocarburos también señaló que junto con YPFB está terminando de elaborar un proyecto de ley para reorganizar la empresa estatal "de modo que pueda aplicar lo dispuesto por el decreto de nacionalización" firmado el 1 de mayo.
En su comunicado, el Ministerio confirmó que continúan las negociaciones para la firma de contratos con las compañías multinacionales que desean operar en el marco de la nacionalización.
Agregó asimismo que prosiguen las auditorías a los campos de gas para determinar la participación definitiva de las empresas en los contratos.
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