julio 15, 2006

El gas argentino le costaría US$ 110 millones más a Chile.

Publicado en La Nación.

Con más retenciones, se transfiere el alza del precio del gas que la Argentina compra a Bolivia

Cuando desde hoy entre en vigor el acuerdo que firmaron los presidentes Evo Morales y Néstor Kirchner -que eleva el precio del gas que la Argentina le compra a Bolivia de 3,40 a 5 dólares el millón de BTU (la unidad de medida)- el Gobierno deberá desembolsar alrededor de US$ 110 millones más por año al país del Altiplano. Y, también desde hoy, la Argentina intentará transferir completamente ese mayor costo a sus clientes de Chile -vía retenciones a las exportaciones de gas- para evitar un alza de precios en el mercado local.

Al menos ésa es la teoría. En la práctica reina la confusión sobre cómo será la operación de importación y exportación de gas boliviano. Sucede que hoy es la fecha que los gobiernos argentino y boliviano dispusieron para que rija el nuevo valor del fluido, y es el momento donde Repsol YPF y Petrobras -que hasta ahora eran quienes importaban el gas desde Bolivia- deben dejar su lugar a la petrolera estatal Energía Argentina (Enarsa).

El ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo ayer que el Gobierno trasladará a Chile la "incidencia exacta" del alza en el precio del gas que importa desde Bolivia. "Las retenciones serán equivalentes a la incidencia exacta que tienen en el precio del gas para la Argentina los 5 millones de metros cúbicos que entrarán desde Bolivia a 5 dólares por millón de BTU ([Unidad Térmica Británica]", explicó el funcionario a la prensa en un acto de inauguración de obras públicas. "[El tema] está a la firma de la ministra de Economía, Felisa Miceli, que está haciendo los últimos análisis junto con técnicos de la Aduana y asesores legales, y en las próximas horas se dará a conocer la resolución", aclaró De Vido.

Si la Argentina importara los cinco millones de metros cúbicos diarios de gas que dice De Vido (el acuerdo habla en realidad de 7,7 millones), la operación pasaría de costar 630.000 dólares por día a 925.000. Es decir que durante un año el Gobierno deberá pagar por esa compra 338 millones de dólares en lugar de los 229 millones que abonaba hasta ahora.

El convenio establece que la Argentina podría comprar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. Ese volumen, a valores de hoy, representa US$ 919 millones por año, pero si el país compra en el futuro todo lo que le permite el acuerdo, tendrá que pagar US$ 1351 millones por año.

Cada una de las palabras de los funcionarios del área de Energía fueron seguidas ayer con mucha atención desde Chile. "La ministra [de Energía y Minería, Karen Pochianik] no va a hablar del tema en el día de hoy [por ayer], aunque se espera un anuncio en la materia durante el fin de semana", dijo una fuente cercana a la ministra a LA NACION (ver página 2).

Para ayer se esperaba que el Gobierno diera a conocer el nuevo régimen de retenciones a las exportaciones de gas, que actualmente grava las ventas al exterior en un 20 por ciento. Sin embargo, la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial.

"La verdad es que saber a qué valor se comprará el gas es toda una incógnita. No se sabe absolutamente nada y en teoría esto ya debería estar decidido", dijo un empresario del sector.

Otra de las dudas que flotó durante toda la semana y que nadie despejó tiene que ver con los fondos para comprar el gas boliviano. "Enarsa es una empresa que no tiene dinero suficiente como para hacer la compra. Es necesario que se le provea de dinero, por lo menos hasta que se cobren las retenciones y el Gobierno vuelva a destinar ese dinero", dijo un consultor que trabaja a diario con las empresas petroleras. De Vido dijo que la suba en el precio del gas boliviano no repercutirá "en absoluto" en los usuarios locales.

"Aquí el que compra es Enarsa y el que vende YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), con lo cual el Estado argentino garantiza el pago sin perder un solo peso y sin ganar tampoco, porque no estamos especulando con la diferencia de precio", acotó.

Un abogado especialista en cuestiones energéticas se preguntaba ayer si existe un contrato de compraventa internacional en el que se obliguen Enarsa e YPFB. "En realidad, lo que hay es un convenio marco que firmaron los dos países. También debería haber un contrato entre dos empresas y no sólo un acuerdo bilateral", sostuvo.

También resta saber cómo se hará el pasaje de dinero desde las cuentas públicas hasta una sociedad anónima como Enarsa que, si bien tiene participación estatal mayoritaria, se rige por las normas de derecho privado.

Ocurre que el dinero que se podría recaudar por retenciones a las exportaciones de gas ingresa en las cuentas públicas, ya que son impuestos nacionales. Después de recaudarlos, el Poder Ejecutivo debería destinarlo mediante transferencias o subsidios a la petrolera estatal.

Otra incógnita es qué pasará si lo recaudado por las ventas de gas a Chile no alcanzan para pagar el total de la diferencia que existe entre una compra a cinco dólares por millón de BTU y una venta a 1,30 en el mercado interno.

Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION