Publicado en Hoy Bolivia.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, explicó que las compañías capitalizadas Chaco, Andina y Transredes funcionaban, desde el punto de vista procedimental, mediante directorios que fijaban las políticas de esas empresas.
Dijo que a partir de ahora en esas empresas, YPFB tiene la mayoría en las acciones y la conducción de esa política pasa a manos de la empresa estatal petrolera. El nuevo directorio estará conformado por cuatro representantes de YPFB y tres de las compañías petroleras.
Sin embargo, Soliz admitió que existe una confusión legal. Por ejemplo, de acuerdo al Código de Comercio, cada directorio tenía dos síndicos por mayoría y un síndico por minoría, pero añadió que de acuerdo a los estatutos de algunas empresas sólo aparece un síndico por mayoría y otro por minoría, pero estos vacíos se los irá resolviendo de manera progresiva.
También dijo que las otras dos empresas que fueron nacionalizadas, como Petrobras refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, donde el Estado se hace cargo del 50 por ciento más 1 de las acciones, en sus directorios el Estado también ingresa con mayoría de representantes.
Igualmente dijo que el control mayoritario del paquete accionario será fruto de un proceso de negociación con las petroleras.
“Estamos en un proceso de conversación con las empresas, algunas que tienen sus acciones en la Bolsa de Valores y se puede tener un valor aproximado de lo que valen esas acciones. En algunos casos están aceptando, no puedo entrar al detalle de cuáles que se les puede pagar con la producción de gas y petróleo por un tiempo hasta que se cubra el valor de esas acciones”, detalló Solíz Rada.
El titular de Hidrocarburos anotó que en el tema de las acciones que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se hizo un análisis jurídico y se constató que esas entidades no tienen ningún contrato para ser fiduciarias o depositarias de las acciones en las petroleras a nombre de los bolivianos.
Afirmó que esas acciones nunca salieron del dominio del Estado, porque las AFP no pueden reconocer algún pago por algo que nunca tuvieron, de manera que las actividades de las administradoras de los fondos de pensiones se realizaron en un marco de un vacío jurídico.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, explicó que las compañías capitalizadas Chaco, Andina y Transredes funcionaban, desde el punto de vista procedimental, mediante directorios que fijaban las políticas de esas empresas.
Dijo que a partir de ahora en esas empresas, YPFB tiene la mayoría en las acciones y la conducción de esa política pasa a manos de la empresa estatal petrolera. El nuevo directorio estará conformado por cuatro representantes de YPFB y tres de las compañías petroleras.
Sin embargo, Soliz admitió que existe una confusión legal. Por ejemplo, de acuerdo al Código de Comercio, cada directorio tenía dos síndicos por mayoría y un síndico por minoría, pero añadió que de acuerdo a los estatutos de algunas empresas sólo aparece un síndico por mayoría y otro por minoría, pero estos vacíos se los irá resolviendo de manera progresiva.
También dijo que las otras dos empresas que fueron nacionalizadas, como Petrobras refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia, donde el Estado se hace cargo del 50 por ciento más 1 de las acciones, en sus directorios el Estado también ingresa con mayoría de representantes.
Igualmente dijo que el control mayoritario del paquete accionario será fruto de un proceso de negociación con las petroleras.
“Estamos en un proceso de conversación con las empresas, algunas que tienen sus acciones en la Bolsa de Valores y se puede tener un valor aproximado de lo que valen esas acciones. En algunos casos están aceptando, no puedo entrar al detalle de cuáles que se les puede pagar con la producción de gas y petróleo por un tiempo hasta que se cubra el valor de esas acciones”, detalló Solíz Rada.
El titular de Hidrocarburos anotó que en el tema de las acciones que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se hizo un análisis jurídico y se constató que esas entidades no tienen ningún contrato para ser fiduciarias o depositarias de las acciones en las petroleras a nombre de los bolivianos.
Afirmó que esas acciones nunca salieron del dominio del Estado, porque las AFP no pueden reconocer algún pago por algo que nunca tuvieron, de manera que las actividades de las administradoras de los fondos de pensiones se realizaron en un marco de un vacío jurídico.
