Publicado en La Razón.
El Mandatario dijo que la petrolera 'trabajó ilegalmente' en Bolivia. Anunció que no habrá indemnización para las empresas afectadas con la nacionalización. El gobierno de Lula y la estatal brasileña manifestaron su molestia.
Una declaración del presidente Evo Morales, durante una concurrida conferencia de prensa ofrecida en Viena, desató la molestia del Gobierno de Brasil y de la petrolera estatal Petrobras. El Mandatario boliviano aseveró que la empresa de ese país ´trabajó ilegalmente´ en Bolivia y, además, sentenció que no habrá indemnización para las compañías afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos.
´Son las empresas las primeras que no respetan las normas bolivianas´, sostuvo Morales, quien participa desde ayer en la IV Cumbre de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe.
´Hay muchas denuncias contra empresas petroleras que no pagan impuestos y son contrabandistas. ¿De qué seguridad jurídica nos pueden hablar si son los primeros en violar la seguridad jurídica?´, sentenció.
De esa manera respondió a preguntas sobre qué garantías jurídicas ofrece Bolivia a las petroleras después de anunciar, el 1 de mayo, la nacionalización de los hidrocarburos. Las principales afectadas con esta medida son la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol-YPF.
Luego precisó que los contratos son ilegales e inconstitucionales porque eran ´desconocidos´ por el pueblo boliviano y no fueron ratificados por el Parlamento. Esta explicación fue confirmada en La Paz por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien, en un intento de ponerle paños fríos al asunto, minimizó las declaraciones del Jefe de Estado. Según Quintana, Morales se refirió a la ilegalidad de 72 contratos con que 20 petroleras operaron en Bolivia entre 1997 y 2005 bajo las condiciones de la Ley de Capitalización.
Morales fue el centro de la atención ayer en Viena. Su duro mensaje para defender la nacionalización del gas rozó —aunque sin mencionarlas— tanto a Petrobras como a Repsol-YPF, sobre las que pesan denuncias judiciales de evasión fiscal y contrabando.
Con tales argumentos, dio por cerrada la polémica señalando que, ´por lo tanto, no hay por qué pensar en una indemnización (...) Si estuviéramos expropiando sus bienes, tendríamos que indemnizar, pero éste no es el caso´. Subrayó que no se puede considerar una indemnización porque las petroleras ´tienen derecho a recuperar las inversiones, pero no pueden tener derecho´ a recibir compensaciones.
Como era de esperarse, las afirmaciones de Morales no cayeron bien en Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Celso Amorim, y la estatal Petrobras se declararon ´indignados´ por las acusaciones del gobernante boliviano de que la empresa actúa de manera ilegal.
Amorim, que acompaña a su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en la capital austriaca, lamentó esas sindicaciones. ´Si quiere traducir eso por indignación, no estará equivocado´, manifestó en una rueda de prensa con medios brasileños.
Para Amorim, la acusación de Morales ´no tiene ningún fundamento´.
En un comunicado, Petrobras expresó su ´indignación ante acusaciones de que la compañía pueda haber, en algún momento, operado deliberadamente al margen de la ley´. También aclara que su presencia en Bolivia es resultante de acuerdos bilaterales entre los gobiernos de ambos países.
Esos acuerdos, dice Petrobras, posibilitaron la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, por el que diariamente llegan al mercado brasileño 26 millones de metros cúbicos de gas boliviano, así como la exploración y explotación de gas en los campos San Alberto y San Antonio.
´Como resultado de esas operaciones, la compañía compra gas boliviano desde 1999, genera empleos y paga impuestos en Bolivia, donde responde por el 25 por ciento de los ingresos tributarios de aquel país´, agrega el texto de Petrobras.
´Corresponden a las instancias legales y arbitrales competentes, y no al poder Ejecutivo, los eventuales juicios que, por ventura, sean necesarios sobre la legalidad de contratos que son cumplidos hace más de una década´, subraya después.
El ministro de Energía, Silas Rondeau, se sumó al rechazo, en el mismo clima que osciló entre la lamentación y el enfado.
Las declaraciones de Morales cayeron como una bomba en Brasil porque los dos países habían inaugurado el miércoles las negociaciones sobre las condiciones de trabajo de Petrobras tras la nacionalización del gas.
Ambas partes habían plasmado sus acuerdos en un comunicado conjunto, en el que Brasil aceptaba la determinación soberana de Bolivia pero, a la vez, se abría la posibilidad de compensar las pérdidas que Petrobras podría tener en los pozos bolivianos.
Según Amorim, las negociaciones llevaban un ´buen camino´, pero las nuevas declaraciones de Morales pueden ´poner en duda´ lo que se estaba acordando. El Canciller anunció que Lula y Morales podrían reunirse hoy en Viena.
El Mandatario dijo que la petrolera 'trabajó ilegalmente' en Bolivia. Anunció que no habrá indemnización para las empresas afectadas con la nacionalización. El gobierno de Lula y la estatal brasileña manifestaron su molestia.
Una declaración del presidente Evo Morales, durante una concurrida conferencia de prensa ofrecida en Viena, desató la molestia del Gobierno de Brasil y de la petrolera estatal Petrobras. El Mandatario boliviano aseveró que la empresa de ese país ´trabajó ilegalmente´ en Bolivia y, además, sentenció que no habrá indemnización para las compañías afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos.
´Son las empresas las primeras que no respetan las normas bolivianas´, sostuvo Morales, quien participa desde ayer en la IV Cumbre de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe.
´Hay muchas denuncias contra empresas petroleras que no pagan impuestos y son contrabandistas. ¿De qué seguridad jurídica nos pueden hablar si son los primeros en violar la seguridad jurídica?´, sentenció.
De esa manera respondió a preguntas sobre qué garantías jurídicas ofrece Bolivia a las petroleras después de anunciar, el 1 de mayo, la nacionalización de los hidrocarburos. Las principales afectadas con esta medida son la brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol-YPF.
Luego precisó que los contratos son ilegales e inconstitucionales porque eran ´desconocidos´ por el pueblo boliviano y no fueron ratificados por el Parlamento. Esta explicación fue confirmada en La Paz por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien, en un intento de ponerle paños fríos al asunto, minimizó las declaraciones del Jefe de Estado. Según Quintana, Morales se refirió a la ilegalidad de 72 contratos con que 20 petroleras operaron en Bolivia entre 1997 y 2005 bajo las condiciones de la Ley de Capitalización.
Morales fue el centro de la atención ayer en Viena. Su duro mensaje para defender la nacionalización del gas rozó —aunque sin mencionarlas— tanto a Petrobras como a Repsol-YPF, sobre las que pesan denuncias judiciales de evasión fiscal y contrabando.
Con tales argumentos, dio por cerrada la polémica señalando que, ´por lo tanto, no hay por qué pensar en una indemnización (...) Si estuviéramos expropiando sus bienes, tendríamos que indemnizar, pero éste no es el caso´. Subrayó que no se puede considerar una indemnización porque las petroleras ´tienen derecho a recuperar las inversiones, pero no pueden tener derecho´ a recibir compensaciones.
Como era de esperarse, las afirmaciones de Morales no cayeron bien en Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Celso Amorim, y la estatal Petrobras se declararon ´indignados´ por las acusaciones del gobernante boliviano de que la empresa actúa de manera ilegal.
Amorim, que acompaña a su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en la capital austriaca, lamentó esas sindicaciones. ´Si quiere traducir eso por indignación, no estará equivocado´, manifestó en una rueda de prensa con medios brasileños.
Para Amorim, la acusación de Morales ´no tiene ningún fundamento´.
En un comunicado, Petrobras expresó su ´indignación ante acusaciones de que la compañía pueda haber, en algún momento, operado deliberadamente al margen de la ley´. También aclara que su presencia en Bolivia es resultante de acuerdos bilaterales entre los gobiernos de ambos países.
Esos acuerdos, dice Petrobras, posibilitaron la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, por el que diariamente llegan al mercado brasileño 26 millones de metros cúbicos de gas boliviano, así como la exploración y explotación de gas en los campos San Alberto y San Antonio.
´Como resultado de esas operaciones, la compañía compra gas boliviano desde 1999, genera empleos y paga impuestos en Bolivia, donde responde por el 25 por ciento de los ingresos tributarios de aquel país´, agrega el texto de Petrobras.
´Corresponden a las instancias legales y arbitrales competentes, y no al poder Ejecutivo, los eventuales juicios que, por ventura, sean necesarios sobre la legalidad de contratos que son cumplidos hace más de una década´, subraya después.
El ministro de Energía, Silas Rondeau, se sumó al rechazo, en el mismo clima que osciló entre la lamentación y el enfado.
Las declaraciones de Morales cayeron como una bomba en Brasil porque los dos países habían inaugurado el miércoles las negociaciones sobre las condiciones de trabajo de Petrobras tras la nacionalización del gas.
Ambas partes habían plasmado sus acuerdos en un comunicado conjunto, en el que Brasil aceptaba la determinación soberana de Bolivia pero, a la vez, se abría la posibilidad de compensar las pérdidas que Petrobras podría tener en los pozos bolivianos.
Según Amorim, las negociaciones llevaban un ´buen camino´, pero las nuevas declaraciones de Morales pueden ´poner en duda´ lo que se estaba acordando. El Canciller anunció que Lula y Morales podrían reunirse hoy en Viena.
